Dr. Javier Augusto De Luca

Apostillas sobre el Consejo de la Magistratura del Chubut 

Tuve el honor de ser convocado y participar como “jurista invitado” en varios concursos para diferentes cargos en el Poder Judicial del Chubut y esas circunstancias me hicieron vivir experiencias sumamente enriquecedoras.
La primera limitación que me impuse fue la de observar un respeto absoluto por las costumbres y características del sistema judicial locales, porque la diversidad es el sentido de nuestra organización federal. Al mismo tiempo, ser consciente de los límites de mero asesoramiento técnico en que consistía mi función, al exclusivo servicio de un órgano que debía cumplir un mandato de la Constitución provincial.
Por supuesto tuve y tengo en claro que los concursos de antecedentes y oposición revisten ciertas peculiaridades, a veces difíciles de transmitir a los aspirantes, público y actores sociales o políticos de cualquier comunidad. No se trata de exámenes de colegio o facultad, porque no alcanza con aprobar. El problema central es que, en la gran mayoría de los casos, todos los concursantes están en condiciones hipotéticas de ocupar el cargo al que aspiran y, sin embargo, sólo pueden acceder a ellos unos pocos. Hay mucho de azar en los concursos, como que el participante pudo haberse levantado mal ese día, o haber tenido un problema personal, o haber elegido para exponer un tema en el que no puede demostrar en pocos minutos todas sus capacidades, o porque tuvo la mala suerte de que en el mismo concurso se inscribió un “monstruo del derecho” que lo supera objetivamente en antecedentes y capacidad de rendimiento, o que la forma en que expuso el tema no coincide con las expectativas de los jurados que lo evaluaron en ese concurso determinado y que la cuestión podría haber sido totalmente distinta con otros evaluadores. En esta clase de exámenes debe tenerse en claro que sólo un porcentaje del todo depende del propio aspirante, y que no se evalúa su historia. No es “la vida o la muerte” de ningún aspirante y la buena o mala nota no se corresponde necesariamente con una buena o mala carrera judicial o profesional precedente. Estas últimas circunstancias deben ser tenidas muy en cuenta por quienes tienen a su cargo la decisión política de elegir a los candidatos y que, después de su descalificación, habrán de seguir conviviendo con ellos todos los días en la comunidad jurídica o foro. Los concursos sólo aseguran un piso jurídico, un estándar mínimo que permite excluir a los candidatos que no están en condiciones técnicas de desempeñar el cargo concursado, y con ello, permitir que muchas personas con capacidad pero sin ninguna relación política, puedan participar en igualdad de condiciones.
Pero, si bien ello no es poca cosa, obviamente no alcanza para ser juez, fiscal o defensor. La honestidad intelectual y moral, y el valor que deben tener los sujetos procesales se “ven en la cancha”. No sirve un juez, fiscal o defensor muy dotado técnicamente pero deshonesto o temeroso. Tampoco sirve a la comunidad uno/a muy valiente y honesto/a que no sabe derecho, porque sus propios criterios de justicia pueden no ser los de la ley, o uno/a que está dotado técnicamente y es honesto/a, pero temeroso/a. Esas tres condiciones deben ir juntas y los concursos sólo garantizan la primera. Ahí entra a jugar la misión de seguimiento o control del funcionario o magistrado que debe asumir no sólo el Consejo, sino también todos los actores sociales, públicos o privados. Y también juega ahí un aspecto del que poco se habla. Me refiero a que los que han accedido a un cargo por concurso deben tener bien presente que desde ese momento son servidores de la Constitución, las leyes y los ciudadanos que le pagan el sueldo. Es decir, tienen que rendir examen o revalidar sus títulos todos los días, en todos los ámbitos y ante todos.
El Consejo de la Magistratura es una institución clave en una democracia y república. De sus miembros depende que sea un foro de libre discusión de la cosa pública en su formato más tradicional y, en lo particular, que se constituya en la institución básica en la conformación del Poder Judicial. Los Consejeros no actúan por concesión de los otros órganos y poderes del Estado provincial, sino por el ejercicio de potestades que les son propias y derivadas directamente de un poder constituyente, no de los poderes constituidos. Esa independencia externa no significa autismo político ante los demás poderes ni mucho menos ante los habitantes de la provincia, por ellos representados en su seno. Como en cualquier república deben rendir cuentas ante la ciudadanía y estar imbuidos de una ideología que debe hacerse manifiesta, sin vergüenzas y con espíritu crítico. Y los demás poderes y grupos de poder o presión deben aprender a convivir con él y con sus decisiones, porque la historia enseña que nada hay peor para los gobernantes y los pueblos que una institución obsecuente que responde siempre al mismo principio de fidelidad al oficialismo. Pobre del gobernante que deposite su confianza en un grupo de hombres y mujeres de estas características, ya que cuando deje de serlo, aquellos rápidamente responderán al nuevo poder.
Todas estas reflexiones se han hecho realidad en mis días en la provincia del Chubut, participando de uno u otro concurso. Oyendo con atención la opinión de los consejeros populares, que ponen sobre la mesa los asuntos más graves con una economía verbal digna de encomio, y que echan un poco de aire fresco en los ámbitos donde se suele creer que la democracia es cosa de abogados o técnicos. Se equivocan quienes creen que el sistema no es bueno, y basta encontrar en los libros de historia que la democracia no consiste en un conjunto de señores y señoras muy correctos que hablan unos después de los otros y se imponen las ideas más racionales después de una discusión científica o académica entre cuatro paredes fuera de la vista del pueblo. La democracia es un instrumento superador de los ríos de sangre y muerte que han arrojado las pasiones políticas en todo tiempo y lugar, y todavía falta mucho para que funcione cada vez más aceitadamente. Para lograr eso, el único remedio es más democracia y más libertad.